Por si alguien todavía tenía alguna duda, el golpe de mano que acaba de de perpetrar el PSOE y el PP con la reforma neocon de la Constitución refleja un profundo miedo a la democracia. El PSOE mandó al infierno lo que le quedaba de su alma de izquierda en el referéndum de la OTAN de 1986. Desde entonces tienen una declarada alergia a utilizar este y otros procedimientos democráticos. “Los referéndum los carga el diablo”, "no convoques una consulta cuando no estés seguro de ganarla" -pensará más de algún político profesional. De un partido como el PP hay que esperar poco desde el punto de vista de la filia democrática pero de un partido que aún se autodenomina “socialista” y moviliza varios millones de votos se podría esperar algo más y no solo, al menos para algunos ciudadanos con un cierto nivel de exigencia, decepción tras decepción. Los expertos en comunicación y mercadotecnia del PSOE habrán tenido que hacer horas extras para justificar ante el electorado real y potencial cómo se pueden realizar políticas manifiestamente de derechas y pretender mantener un discurso -llamémosle- progresista. Esta última guinda que nos han regalado, la reforma con nocturnidad y alevosía de la Constitución Española, en completa hermandad con la derecha más rancia, para introducir una clausula conservadora y claramente incompatible con el mantenimiento de los restos del Estado del Bienestar, constituye una tomadura de pelo a la ciudadanía. El PSOE es un partido/empresa al uso, instalado en el mercadeo político, una marca comercial cuyo objetivo fundamental es ocupar cualquier parcela de poder como producto manufacturado, plegado, como buen partido de gobierno (tal y como les gusta autodenominarse), a las exigencias del entramado financiero internacional. De igual modo, se apuntan sin rubor a la lectura más restrictiva de nuestras posibilidades democráticas. A aquella que da el expediente por cumplido con concurrir cada cuatro años a las urnas para elegir (la mayoría de las veces) a las mismas personas y los mismos programas. Es cierto que muchas personas lucharon en su día en este país por el derecho a unas elecciones libres pero treinta y tres años después de la aprobación de la actual constitución ya sería hora de avanzar en derechos y prácticas democráticas. El caso es que, tal y como nos enseña la historia, el establishment político tiende únicamente a proteger sus propios intereses. No le queda a la ciudadanía otra opción que ir por delante y defender, en este caso, las pocas parcelas de libertad y democracia que nos van dejando. ¡Si Pablo Iglesias levantara la cabeza exigiría que le devolvieran las siglas!
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